Suspensión obligada

Es de desear que el pulso que han mantenido el Congreso y el Supremo sobre la suspensión en sus funciones de los diputados independentistas presos no sea un anticipo de una legislatura en la que a la tensión partidista se sume un choque entre los ... poderes del Estado. Pocas dudas jurídicas existían acerca de que Junqueras, Turull, Rull y Sànchez, así como el senador Romeva, habían de ser privados de sus derechos parlamentarios, tal y como decidió ayer la Mesa de la Cámara baja con el aval de sus letrados y la oposición de Unidas Podemos. La Ley de Enjuiciamiento Criminal y el reglamento del Congreso son taxativos al estipular la inhabilitación en sus cargos de los electos procesados por rebelión mientras se encuentren encarcelados. Tal es el caso de los cinco encausados por el 1-O que el secesionismo incluyó en sus listas electorales. El Supremo y el Parlamento se han pasado la pelota sobre quién debía ejecutar la medida en un espectáculo poco edificante en el que la exigencia del máximo rigor jurídico y de evitar interferencias entre el Poder Legislativo y el Judicial se han mezclado con intereses partidistas. La dilación con la que ha actuado Batet ha generado una innecesaria tormenta política.