El comité de expertos que tiene la tarea de proponer la senda de subida del Salario Mínimo Interprofesional –formado por académicos, técnicos de la patronal y los sindicatos y representantes de los ministerios de Trabajo, Hacienda y Economía– ha dictaminado que debería subir desde los 950 euros actuales a un valor situado en una horquilla entre 1.012 y 1.047 euros en 2023 para que se cumpla así la recomendación de la Carta Social Europea que defiende que dicho salario mínimo sea al menos el 60% del salario medio. La ministra María Jesús Montero manifestó tras el Consejo de Ministros de ayer la intención gubernamental de cumplir esta recomendación, aunque ha dado a entender que la subida no será homogénea: podría congelarse este año y subir los dos siguientes hasta alcanzar el objetivo al fin de la legislatura, cuando ya la situación económica haya mejorado. Esta declaración de intenciones llega días después del informe del Banco de España que relacionaba la subida del SMI con la destrucción de empleo, lo que deja a las claras que estas subidas hay que hacerlas con la debida prudencia para que ni el mercado laboral ni la productividad se resientan.
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