El presidente Sánchez anunció ayer que el Gobierno se propone subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de manera «inmediata», en línea con lo que la vicepresidenta primera Nadia Calviño avanzaba a comienzos de agosto. La disposición de la parte socialista del Ejecutivo a incrementar el ... SMI no atiende tanto a los requerimientos de sus socios de Unidas Podemos como a la imperiosidad de avalar con decisiones políticas la recuperación que trata de encarnar Pedro Sánchez. Especialmente frente a la constante subida del recibo eléctrico, ante la que el Gobierno se muestra inerme, recurriendo a declaraciones genéricas sobre la necesidad de aplicar reformas a corto y medio plazo que evita enunciar siquiera. El anuncio de la subida del SMI no es ajeno a que el IPC se incrementara en agosto en un 3,3% interanual, comprometiendo las previsiones macroeconómicas y, muy directamente, las cuentas públicas para el próximo ejercicio. De manera que la recuperación reclamaría ser «justa» socialmente –como ayer enfatizó el presidente–, pero se vería acompañada de un incremento de precios que indexaría las pensiones y afectaría al crecimiento no solo por la vía del déficit y la deuda pública. El objetivo de que el Salario Mínimo Interprofesional se sitúe a comienzos de 2023 en el 60% del salario medio resulta ineludible. Forma parte del consenso europeo que han de hacer suyo tanto los actores del diálogo social como los distintos grupos parlamentarios españoles.

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La discusión debería ceñirse a la conveniencia de iniciar en 2021 un incremento paulatino del SMI, o a posponer la subida según avance el próximo ejercicio y se certifique la recuperación. Pero las decisiones que el Gobierno adopte al respecto no pueden situarse al margen de sus obligaciones sobre la necesidad de equilibrar los Presupuestos Generales y de atender a las fluctuaciones al alza del IPC, comenzando por la tarifa eléctrica. El Ejecutivo parece atenerse al dictamen que la comisión de expertos emitió en junio, proponiendo la subida ya de entre 12 y 19 euros respecto a los 950 actuales. Fórmula que podría situarse en un punto medio entre la reivindicación de CC OO y UGT y la resistencia de la CEOE a subir el SMI en lo que resta de 2021. Llegados a este punto, el acuerdo negociado entre las centrales sindicales, las organizaciones empresariales y el Gobierno será siempre mejor que un decreto unilateral de este último.

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