Subasta fiscal

La legítima y saludable competencia interterritorial por ofrecer iniciativas con resultados envidiables tiende a convertirse en una subasta de propuestas con marcada intención electoral. La subasta tributaria que parece haberse abierto en España podría incitar a otras comunidades socialistas o a las del PP a sumarse a una reforma como la planteada por Ximo Puig, y así hasta el punto de que sea prácticamente imposible saber cómo pueden quedar las finanzas públicas en 2023. Empezando por la deuda acumulada y el déficit conjunto, después de que la pasada semana el Congreso aprobara un aumento del 1,1% en el techo de gasto para el próximo ejercicio, sometido a eventuales imponderables globales derivados de la guerra en Ucrania, a los que se suma una batalla fiscal entre autonomías de inciertos resultados cuando se ha ideado a tan corto plazo.

Detrás del diseño de los impuestos que abandera un Gobierno o un partido determinado existe una profunda carga ideológica. Pese a ello, la regulación al alza o a la baja de los tributos no puede ser ajena ni a la coyuntura económica ni a las necesidades en un momento determinado, partiendo siempre de la base de que la prestación de unos servicios públicos de calidad requiere abundantes recursos, que ha de proveer una fiscalidad suficiente que distribuya de forma justa los esfuerzos. La perspectiva de un otoño e invierno difíciles para los sectores más desfavorecidos exige coberturas urgentes. Para ello es fundamental que cuadren las cuentas y que se mantenga la credibilidad del Estado de las Autonomías.