La posibilidad de que el Consejo General del Poder Judicial alcance un acuerdo entre sus miembros para renovar los dos puestos que le corresponde designar en el Tribunal Constitucional permitiría demostrar que las instancias encargadas de velar por la legalidad están en condiciones de cumplir ... con sus obligaciones, siempre y cuando la pugna partidaria no se entrometa en el desempeño de sus funciones. El hecho de que ese eventual consenso sería fruto de las negociaciones entre el sector conservador y el progresista del órgano de gobierno de los jueces reduce su importante papel institucional al equilibrio entre dos corrientes ideológicas. Como si toda decisión a adoptar estuviera predeterminada por la existencia de una opción de izquierdas y otra de derechas que, además, serviría para encasillar a los vocales del CGPJ, lo que flaco favor hace a la imagen de la Justicia. Cuando menos sería de desear que tal reducción no se asimilara a una suerte de disciplinada obediencia a las consignas de dos o más formaciones parlamentarias; en este caso, a las consignas del PSOE y del PP.
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Si en los próximos días el Consejo no formaliza la sintonía necesaria para nombrar a dos juristas que pasen a integrar el Constitucional será inevitable suponer que se debe al pulso sin concesiones que mantienen Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Ello volvería a realzar la animadversión como categoría política, poniendo en entredicho además la solvencia profesional y la autoridad institucional de cada uno de los miembros del CGPJ que se sometan a un impedimento de naturaleza partidaria. Aunque de alcanzarse un acuerdo tampoco habría garantía alguna de que Gobierno y PP se dieran por aludidos como para retomar las negociaciones en aras a su renovación allá donde quedaron el pasado jueves a causa de la negativa del líder de la oposición a continuarlas mientras el Ejecutivo intenta rebajar las penas por sedición contando con el apoyo de los socios de investidura.
Sea después de que el CGPJ designe a dos miembros del Tribunal Constitucional, sea porque no lo haga, es muy probable que el Gobierno designe a los dos que le corresponden para así mostrar su activa disposición a renovar los órganos constitucionales, aunque con ello no llegase a desbloquear su funcionamiento ni a desmentir el juego tacticista del que es partícipe en nombre de la Constitución.
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