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Sánchez tiene asegurada su elección el próximo martes, pero no la gobernabilidad del país dados sus exiguos apoyosLa primera sesión del pleno de investidura permitió a Pedro Sánchez constatar que cuenta con los apoyos precisos para ser elegido el próximo martes en segunda votación. Pero al precio de dejar por el momento en el aire la gobernabilidad del país. El candidato ... socialista trató de eludir en todo momento el acuerdo alcanzado por su partido con ERC y realzó la naturaleza de izquierdas del programa negociado con Unidas Podemos. Mientras, el líder del PP, Pablo Casado, subrayaba las amenazas para la España constitucional del pacto suscrito por el PSOE con una parte del independentismo catalán, lo que le sirvió para soslayar el debate sobre las políticas públicas que precisa España. Sánchez quiso poner en valor la cohesión que ofrece el acuerdo de coalición, pero evitó responder a la gran pregunta que suscitó la presentación de su programa conjunto: la de su viabilidad. No reveló cómo piensa atender los compromisos de gasto contraídos sin incrementar la deuda y el déficit de las administraciones, cómo piensa elevar la presión fiscal sobre personas y empresas sin que ello lastre la economía y el empleo. Su propuesta presenta flancos sujetos a la crítica tanto desde el punto de vista presupuestario como en cuanto a los efectos que el establecimiento de una mesa bilateral de negociación entre el Gobierno central y la Generalitat comporte al Estado autonómico. Pero la gran duda que afloró ayer es si saldrá de la votación del martes en condiciones de hacer realidad las expectativas que albergan los grupos que han anunciado su apoyo o anuencia a la investidura, así como los ciudadanos que se ven representados en sus demandas. La mayoría simple con que contará para ser proclamado presidente se adivina tan exigua en cuanto a su solidez que Sánchez obvió presentar su Gobierno como fórmula de estabilidad para cuatro años. Es el precio de la multiplicidad de acuerdos que ha tenido que suscribir el PSOE, que la investidura por sí misma no hará compatibles. Por otra parte, la polarización partidaria que reflejó el debate de ayer hace impensable la eventualidad de que el Ejecutivo de coalición que encabecen Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pueda contar fácilmente, a lo largo de la legislatura, con entendimientos puntuales con el PP o con Ciudadanos. Ni el candidato a la presidencia hizo ademán de abrirse a ello en su defensa del «Gobierno progresista» en tono autosuficiente, ni Casado e Inés Arrimadas mostraron disposición alguna a contemplar en su alternativa una eventual aproximación al nuevo Gabinete.
LA «JUDICIALIZACIÓN DEL CONFLICTO». El candidato Pedro Sánchez olvidó por un momento su posición institucional -en tanto presidente, aunque sea en funciones- cuando deploró sin más explicaciones la «judicialización» del «conflicto político» en o respecto a Cataluña, y cuando censuró las «artimañas» judiciales de «la bancada de la derecha» en alusión al recurso a la Junta Electoral Central (JEC) que inhabilitaría a Quim Torra como presidente de la Generalitat en unos pocos días. Es siempre recomendable que las diferencias se diriman en lo posible sin recurrir a los tribunales. Pero la judicialización de un litigio nunca es responsabilidad exclusiva de la parte demandante. Lo es también de quien suscita un conflicto cuya denuncia es admitida a trámite por la instancia jurisdiccional correspondiente. Además, el sistema de garantías que entraña la democracia constitucional no insta a ahorrar recursos ante esas instancias, puesto que todo acto con basamento jurídico contribuye a clarificar las responsabilidades contraídas y el propio marco constitucional. Torra tiene derecho a recurrir ante el Supremo la decisión de la JEC. Pero no lo tiene a enrocarse en la mayoría independentista del Parlamento catalán para enfrentarle con los tribunales. Mucho menos cuando ello podría dar lugar a nuevos procedimientos judiciales.
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