Solo sí es sí
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Las mujeres y la sociedad en general necesitan un marco legal para la libertad y la dignidad personal en el que se reconozca la mayoríaEl Consejo de Ministros dio ayer su visto bueno al anteproyecto de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que establece que no hay consentimiento para mantener relaciones sexuales mientras no se manifieste «libremente por actos exteriores concluyentes e inequívocos, conforme a ... las circunstancias concurrentes, la voluntad expresa de participar en el acto». La redacción del artículo es susceptible de mejora técnica y literaria, y denota la precipitación que ha rodeado la presentación del texto. Pero resulta urgente dejar atrás los injustos y dolorosos equívocos a que da lugar el precepto vigente, que obliga a que haya violencia e intimidación para que una relación no consentida sea tipificada como agresión. Así es como, atendiendo al Convenio de Estambul, la carga de la prueba pasará de las presuntas víctimas, forzadas hasta ahora a demostrar su negativa a la relación sexual, a los presuntos victimarios, que deberán probar el expreso consentimiento de las primeras, o mostrar que el 'sí' se deduce «claramente de las circunstancias que rodean al hecho», siguiendo las indicaciones del Tribunal Supremo.
El anteproyecto califica de agresión distintos supuestos, algunos de los cuales son catalogados como abusos en el actual Código Penal. La iniciativa legislativa pretende ser integral y contempla desde medidas de prevención frente a la violencia sexual y la adjudicación de tales casos a los juzgados especializados en violencia machista hasta pautas para restablecer la dignidad de las víctimas.
El propósito de la ministra de Igualdad, Irene Montero, de presentarlo antes del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, tras corregir algunas lagunas legales que presentaban los borradores previos, y su insistencia en evitar la dilución de esta medida en una revisión general del Código Penal han generado discrepancias y tensiones en el seno del Gobierno entre la responsable de Unidas Podemos, la vicepresidenta Carmen Calvo y el titular de Justicia. Pero sería penoso que la tramitación del articulado propuesto fuese objeto de cuitas entre los dos partidos que comparten el Ejecutivo o se remitiera a una diatriba sorda entre las diversas posturas del feminismo. Porque las mujeres y la sociedad en general necesitan un marco legal para la libertad y la dignidad personal en el que se reconozca la inmensa mayoría de los ciudadanos tras un debate abierto.
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