Estoy de acuerdo con la ministra de Trabajo cuando atribuye a razones «partidistas» los rechazos a la reforma laboral tripartita. Aunque, claro, también habrán sido partidistas las posiciones favorables, ¿no?

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Centrándonos en quienes han dado calabazas al decreto. Las más llamativas han sido las de ... ERC y EH Bildu. Y es que, aunque son formaciones que el Gobierno de coalición ha legitimado para participar en «la dirección del Estado», la realidad es que no solo no renuncian, sino que persisten en esa enloquecida hoja de ruta de seguir levantando muros entre España –el Estado– y Cataluña y el País Vasco.

Los republicanos independentistas, en el fondo, reniegan de un marco laboral global que regule los derechos de los trabajadores en todo el país, porque España no es su país, ni su proyecto de país. Ellos trabajan por una emancipación que abarca todos los órdenes, incluido el mercado laboral, y aspiran a que sea autónomo, soberano, en cada uno de sus territorios, de modo que los convenios colectivos estatales de sector huelguen y primen en exclusividad los propios.

En el País Vasco cuentan ya con herramientas sindicales ligadas al independentismo, las centrales ELA y LAB, mayoritarias frente a UGT y CCOO. Por su parte, el laboratorio catalán de autodeterminación está manos a la obra para articular a través de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) un nuevo sindicato independentista. La actual Intersindical tiene poco músculo y la prueba es que, a diferencia del País Vasco, la representación mayoritaria de los trabajadores catalanes recae en UGT y CCOO. Cierto que ambos han coqueteado con el soberanismo, pero sus siglas son nacionales, estatales, españolas. Una cualidad que les aporta la fuerza que los supremacistas con barretina quieren debilitar construyéndose un sindicato que no solo corteje al totalitarismo, sino que haga de ello su objetivo fundacional y primero.

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