Servicios públicos al límite

Los servicios públicos no dan abasto. Este diagnóstico ya podía realizarse antes de la pandemia, pero después de un año de excepcionalidad, en que el trabajo del Servicio Público de Empleo (SEPE) se ha multiplicado por cinco, la situación es todavía más dramática. La culpa ... no es de los trabajadores, obviamente, ya que los funcionarios del servicio de empleo han tenido que realizar un esfuerzo ímprobo para sacar adelante más de ocho millones de expedientes en 2020, de los que dependían la situación administrativa y las retribuciones de los desempleados y de los trabajadores en ERTE. La plantilla del SEPE está formada por 8.400 trabajadores para gestionar cada mes más de 2,3 millones de prestaciones y pagar a los 800.000 ocupados que aún están en un ERTE. El organismo ha perdido 3.400 trabajadores en una década, la edad promedio de los funcionarios es de 57 años y uno de cada tres es interino. Además, en junio terminan los contratos de 2.135 más. Eso sin contar con la escasez y antigüedad de los medios materiales. Porque el ciberataque que acaba de sufrir su sistema informático es fruto de la obsolescencia: la aplicación con que se paga el desempleo tiene más de 35 años. El Defensor del Pueblo denunció la crisis el pasado verano: «La dotación de personal del SEPE resulta notablemente insuficiente, no solo para situaciones extraordinarias como las derivadas del COVID-19, sino también para el ejercicio ordinario de sus funciones», y nadie ha tomado iniciativas todavía.