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El miércoles se celebró el Día Internacional de las Trabajadoras de Hogar. Pasó sin pena ni gloria. Estábamos demasiado entretenidos. Por un lado, constatando la soledad del Gobierno en el Congreso, incluidos sus socios de coalición y los grupos que le apoyan, por su volantazo ... sobre el Sáhara. Y, por otro, contemplando la insuficiencia del plan anticrisis ante un IPC que pulveriza récords. Así que la opinión pública y la publicada invisibilizaron cómo se encuentran quienes cuidan de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros dependientes y de nuestros enfermos.
Es cierto que en los últimos años ha habido avances legislativos reconociéndoles su derecho a un sueldo digno y justo, y a una pensión. Y que, afortunadamente, su trabajo cada vez es más valorado con el prestigio debido. Sin embargo, aún continúan atrapadas en un limbo por cuanto no tienen derecho a la prestación por desempleo: el régimen especial establecido para ellas impide que coticen en previsión de una situación de paro y, en consecuencia, no generan el derecho a una protección económica en caso de perder el trabajo.
El legislador así lo decidió por entender que la elevación de costes a la Seguridad Social (también para el empleador) alentaría el empleo sumergido, que es lo que pretendía combatir. Sin embargo, las labores domésticas no declaradas abundan porque, a pesar de ser trabajos por cuenta ajena, las tareas de control se ven dificultadas al prestarse en hogares particulares. También es verdad, digámoslo todo, que no pocas renuncian a un contrato legal para conservar otros subsidios sociales.
En todo caso, la Justicia europea se ha posicionado contra el desamparo social al que están condenadas estas trabajadoras sin una prestación por paro. ¿Reflexionará al menos el Gobierno sobre ello? Hay que atender lo urgente –no hay más que ver cómo estamos–, pero sin descuidar lo importante.
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