Seis meses más de sacrificios

La delegación a los presidentes autonómicos de la gestión del estado de alarma es consecuente con la configuración del Estado y otorga una amplia capacidad de maniobra a sus barones que el PP debería valorar. Pero lo esencial no es tanto quién lo controla como que lo haga con una eficacia que hasta ahora se ha echado en falta. Esa cesión no exime a Pedro Sánchez de unas responsabilidades de coordinación clamorosamente ignoradas desde que la segunda ola sorprendió a las instituciones, que han respondido con tardanza y una palpable ineficiencia. Sus improvisadas restricciones a la movilidad, que han derivado en contradictorios pronunciamientos de la Justicia sobre una misma iniciativa, quedan blindadas con esa herramienta. Se trata del único paraguas legal que dota de plena seguridad jurídica a medidas más contundentes que las aplicadas hasta este momento, que colisionan con derechos fundamentales y cuya aplicación, por muy impopular que sea, resulta imprescindible para contener el virus después de que los contagios hayan alcanzado niveles récord y tensionado los sistemas de salud.

El estado de alarma es la constatación de un fracaso colectivo. Un fracaso de las comunidades, desbordadas por la acelerada propagación de el COVID y cuya gestión de la crisis no ha mejorado la realizada en primavera por el Gobierno central. De este, que aceleró en exceso la desescalada, aparcó la prometida reforma legal para actuar contra el coronavirus sin necesidad de recurrir a esa previsión constitucional y ha parecido más interesado en promover una batalla partidista que en habilitar soluciones a la nueva oleada. Y de la ciudadanía, que ha relajado el cumplimiento de las acciones preventivas al comportarse algunos sectores como si la epidemia no fuese con ellos.

Los al menos seis meses más de sacrificios anunciados ayer por el presidente revelan la gravedad de la crisis, que contrasta con su tono autocomplaciente. Llegar a 25 contagiados por cada 100.000 habitantes, cuando el conjunto del país suma 368, es un desafío que exigirá la disciplina social y la ejemplaridad a las que apeló ayer Sánchez. Ahora se trata de impedir a toda costa un nuevo confinamiento en los hogares y sus letales consecuencias tanto sociales como económicas. Un objetivo que merece la plena implicación de todas las fuerzas políticas, a las que cabe exigir que piensen más en el interés común que en los suyos propios.