Seis meses más de sacrificios

EDITORIAL ·
El nuevo estado de alarma decretado revela un fracaso colectivo: de las instituciones en la gestión de la emergencia sanitaria y de la ciudadanía con su relajamiento en la prevención de contagios

Diario La Rioja

Lunes, 26 de octubre 2020, 08:14 | Actualizado 09:31h.

Han bastado cuatro meses y unos pocos días desde su proclamación para que la denominada 'nueva normalidad' se haya visto sepultada por un avance fuera de control de la pandemia. La declaración del estado de alarma en toda España decretada ayer por el Consejo de ... Ministros, con la previsión de que se prolongue hasta el 9 de mayo, es la inevitable consecuencia del brusco deterioro de la situación sanitaria, que ha obligado a recurrir otra vez a un mecanismo constitucional reservado para circunstancias excepcionales. Sin duda, las actuales lo son. Bajo su amparo, además de la limitación de las reuniones sociales a un máximo de seis personas, ha sido impuesto un toque de queda entre las once de la noche y las seis de la mañana. Las comunidades podrán adelantarlo o retrasarlo una hora, prohibir los desplazamientos a otras regiones y decidir confinamientos perimetrales en su ámbito territorial. En el caso riojano, se mantienen todas las restricciones vigentes y se asume el toque de queda en los términos marcados por el Gobierno. La propuesta, impulsada por diez autonomías, cuenta con un apoyo suficiente para garantizar el aval del Congreso pese a las fuertes críticas que recibió del PP.

La delegación a los presidentes autonómicos de la gestión del estado de alarma es consecuente con la configuración del Estado y otorga una amplia capacidad de maniobra a sus barones que el PP debería valorar. Pero lo esencial no es tanto quién lo controla como que lo haga con una eficacia que hasta ahora se ha echado en falta. Esa cesión no exime a Pedro Sánchez de unas responsabilidades de coordinación clamorosamente ignoradas desde que la segunda ola sorprendió a las instituciones, que han respondido con tardanza y una palpable ineficiencia. Sus improvisadas restricciones a la movilidad, que han derivado en contradictorios pronunciamientos de la Justicia sobre una misma iniciativa, quedan blindadas con esa herramienta. Se trata del único paraguas legal que dota de plena seguridad jurídica a medidas más contundentes que las aplicadas hasta este momento, que colisionan con derechos fundamentales y cuya aplicación, por muy impopular que sea, resulta imprescindible para contener el virus después de que los contagios hayan alcanzado niveles récord y tensionado los sistemas de salud.

El estado de alarma es la constatación de un fracaso colectivo. Un fracaso de las comunidades, desbordadas por la acelerada propagación de el COVID y cuya gestión de la crisis no ha mejorado la realizada en primavera por el Gobierno central. De este, que aceleró en exceso la desescalada, aparcó la prometida reforma legal para actuar contra el coronavirus sin necesidad de recurrir a esa previsión constitucional y ha parecido más interesado en promover una batalla partidista que en habilitar soluciones a la nueva oleada. Y de la ciudadanía, que ha relajado el cumplimiento de las acciones preventivas al comportarse algunos sectores como si la epidemia no fuese con ellos.

Los al menos seis meses más de sacrificios anunciados ayer por el presidente revelan la gravedad de la crisis, que contrasta con su tono autocomplaciente. Llegar a 25 contagiados por cada 100.000 habitantes, cuando el conjunto del país suma 368, es un desafío que exigirá la disciplina social y la ejemplaridad a las que apeló ayer Sánchez. Ahora se trata de impedir a toda costa un nuevo confinamiento en los hogares y sus letales consecuencias tanto sociales como económicas. Un objetivo que merece la plena implicación de todas las fuerzas políticas, a las que cabe exigir que piensen más en el interés común que en los suyos propios.