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La firma por las patronales del sector financiero –AEB, CECA y UNACC–, con el Ministerio de Economía y el Banco de España actuando a modo de notarios, del nuevo protocolo para corregir la exclusión digital de los mayores y otros clientes vulnerables sella un compromiso ... que debe hacerse realidad al plazo anunciado: esos seis meses en los que las distintas entidades bancarias que asuman el plan deben desplegar la ampliación de horarios, la atención más personalizada, la asesoría y el resto de medidas contempladas para solventar una brecha que no solo empaña la reputación del sector. También alerta, por extensión, de las fallas en una adecuada y justa prestación de servicios, con la consiguiente quiebra en la cohesión social, que puede comportar una digitalización solo al alcance de quienes puede permitírsela; por disponibilidad de recursos y por capacidad de acceso. Ni el protocolo ni el medio año fijado para su plena adopción pueden concebirse como actuaciones referenciales. Al contrario, han de procurar efectos con inmediatez porque así lo requiere enjugar la inquietud que ha anidado en usuarios que se vienen sentiendo indefensos en algo tan sensible como el manejo de su dinero.
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