Seguridad constitucional

El Tribunal Constitucional avaló ayer que la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza', se ajusta a la Carta Magna en la inmensa mayoría de su articulado, incluidos sus aspectos más controvertidos. Entre ellos, el rechazo en las fronteras de Ceuta y Melilla de los extranjeros que intenten entrar ilegalmente en nuestro país, conforme al nuevo criterio de la Corte Europea de Derechos Humanos. Es decir, las controvertidas devoluciones 'en caliente', que el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene pese a haber cuestionado su legalidad. La sentencia desestima que las conductas en la vía pública tipificadas como delito o falta en la normativa –aprobada en medio de una fuerte polémica en 2015, durante la mayoría absoluta del PP– supongan una vulneración de derechos y libertades fundamentales, como sostienen las formaciones políticas que, encabezadas por el PSOE, recurrieron el texto. Solo corrige la autorización requerida hasta la fecha para el uso de imágenes o datos de autoridades o miembros de las fuerzas de seguridad.

Sigue vigente, por tanto, la potestad de la Policía para realizar «registros corporales externos», ya que según los magistrados no lesiona el derecho a la intimidad corporal si se atienen al principio de proporcionalidad y se efectúan ante indicios racionales de que se porten objetos con la finalidad de cometer delitos o alterar la seguridad ciudadana. Se mantiene asimismo como infracción grave la perturbación seria de la seguridad ciudadana en torno al Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos –cuando no lleguen a ser una infracción penal– para proteger dos bienes jurídicos: la significación institucional de esos órganos y su normal funcionamiento.

El fallo pone en un brete al actual Gobierno, que utilizó como un ariete contra la derecha una ley conforme a la Constitución, según ha establecido ahora la Corte de garantías, y que se han comprometido a modificar en múltiples extremos los dos partidos que lo integran. Sin embargo, la conformidad de tales preceptos con la Carta Magna no significa que sean las únicas opciones posibles dentro de ese marco para garantizar la protección de la seguridad ciudadana. Tanto el PSOE como Unidas Podemos prometieron derogar la norma ahora avalada por el Constitucional. Una vez conocida la sentencia, parece necesario que la coalición de Gobierno aclare cuanto antes si piensa hacerlo y cuál sería su alternativa.