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Los salarios sufrieron una apreciable devaluación en la anterior crisis que han corregido parcialmente no con llamativas subidas –inviables por las dificultades de numerosas empresas–, sino gracias a una inflación bajo mínimos que les ha permitido recobrar poder adquisitivo. El desbocado encarecimiento de la energía, ... con efectos ya en otros sectores, ha hecho añicos tal recuperación. El aumento medio pactado en convenio –un modesto 1,47%– quedó el pasado año más de cinco puntos por debajo del IPC sin que en la inmensa mayoría de los casos tal desajuste sea compensado por cláusulas de revisión. Esa escalada de los precios, a la que los gobiernos atribuyen un carácter transitorio aún por confirmar, no solo tensionará la negociación colectiva, sino que amenaza la mejora del consumo –un puntal del empuje económico postcovid– al reducir la capacidad de compra de millones de familias. Un escenario indeseable que obliga a las instituciones a intervenir con una mayor eficacia para contener la inflación, y a los agentes sociales a conciliar con responsabilidad los incrementos salariales futuros, el contexto económico y las posibilidades reales de las compañías en una situación tan excepcional.
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