La reunión del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia fue este miércoles el marco elegido por Vladímir Putin para escenificar el decreto que impone la ley marcial en los cuatro territorios ucranianos –Lugansk, Donetsk, Zaporiyia y Jersón– que Moscú se anexionó mediante consultas ... fraudulentas. Además, incrementó las medidas de excepción en provincias fronterizas de la propia Rusia, incluida la península de Crimea, ocupada ilegalmente en 2014. Una iniciativa que en la legislación rusa podría justificarse porque esas regiones estarían siendo atacadas por un país extranjero y así se atenderían las necesidades militares del Kremlin. Todo ello, bajo la excusa de que la drástica restricción de derechos que implica esa decisión, dentro de un régimen ya autoritario, tendría como objetivo preservar la integridad y la libertad de sus habitantes frente a una agresión exterior.
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La infame creatividad con la que Putin violenta las normas hasta presentar la opresión contra los ciudadanos rusos –y, en este caso, contra ucranianos cuyo destino no puede controlar– como mecanismo de supervivencia nacional hace de su autocracia un sistema de una arbitrariedad sin límites. Un sistema en el que la ley es suplantada por la mentira, convertida en norma de uso habitual por parte de un poder sin contrapesos. La orden de evacuar la ciudad de Jersón, dictada antes del anuncio de la imposición de la ley marcial, como llamada para que los ciudadanos leales al Kremlin se trasladen a la otra margen del río Dnieper ante la próxima ofensiva de las tropas ucranianas revela hasta qué punto Moscú trata de convertir las derrotas continuas de su invasión en motivos para hacerse fuerte en la excepcionalidad. El régimen de Putin intenta acabar así con la libertad de movimientos de una población que puede verse en la necesidad de desplazarse para sortear riesgos de guerra.
La ley marcial hace punible cualquier expresión de protesta o resistencia ante las órdenes de las autoridades del lugar. Junto a ello, toda propiedad o licencia queda sujeta a poder ser confiscada porque así lo requieran las fuerzas del Kremlin y cualquier instancia prorusa local. Es deplorable que un dirigente político europeo, Silvio Berlusconi, del que depende la gobernabilidad de uno de los principales países de la Unión, se jacte de su amistad con Putin cuando hasta eso forma parte de la extorsión con la que el autócrata ruso intenta dividir a la UE.
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