El sueldo de los políticos

Siento defraudarles. Creo que, objetivamente, y lejos del apasionamiento que se suscita cuando hablamos de este tema, deberíamos hacer una reflexión pausada acerca de si los políticos están bien remunerados para la responsabilidad que desempeñan. Es importante hacer la matización: no digo que estén mal pagados, sino si lo están como debieran. Y ello sin contar con que dos de cada tres políticos no percibe sueldo en España (la gran mayoría de alcaldes y concejales no lo tienen).

El tema de los sueldos, como tantos en la vida, es relativo. Para alguien que perciba el Salario Mínimo Interprofesional, una retribución de 90.000 euros al año, que es lo que cobra el presidente del Gobierno de España, o los 79.000 de un ministro, puede parecer muy alto. Igual que los 82.000 y 58.000 del presidente de La Rioja y del alcalde de Logroño, respectivamente. Pero la realidad es que muchos directivos de empresas de mediano tamaño (no hablo ya de grandes empresas) cobran eso o más.

Esto hace que sea difícil reclutar para cargos públicos a buenos profesionales, a gente que venga de fuera de la política, con experiencia y prestigio en su campo, porque en muchos casos les supone perder dinero, además de la incertidumbre de dejar un puesto fijo para embarcarse en algo altamente inestable. Algunos lo han hecho, pero no es lo normal.

Está claro que a la política uno no debe ir a hacerse rico (los que tienen este objetivo acaban siempre cayendo en la corrupción). Pero si queremos prestigiar la política y tener buenos políticos, tendremos que pagarlos. No cabe otra, como en cualquier otra actividad. Resulta ciertamente contradictorio reivindicar esto para otras profesiones y negarlo para la política, que es esencial para el bienestar del conjunto de los ciudadanos.

Pero de este tema parece no poder hablarse, porque se encienden los ánimos. Y, muchas veces, son los propios políticos los que contribuyen al incendio, porque lo que critican en la oposición lo acaban poniendo en práctica en cuanto gobiernan. Los salarios públicos, igual que están regulados para los funcionarios, deberían estarlo también para los políticos. Porque no es entendible, por ejemplo, que los presidentes de varias comunidades y varios alcaldes de grandes ciudades cobren en España más que el presidente del gobierno de la nación. Se necesitaría una regulación estatal, teniendo en cuenta la población, el presupuesto a manejar o el nivel adquisitivo de la región, entre otros criterios. Y, si me apuran, hasta se podría proponer una parte de su salario que fuera variable en función del cumplimiento de objetivos.