Sanidad en apuros

Durante décadas hemos repetido con orgullo que la sanidad española estaba entre las mejores del mundo. Y es verdad. Pero también lo es que llevamos un tiempo observando señales de alarma que no estamos planificando como debiéramos, sobre todo desde la pandemia.

Tenemos un grave déficit de profesionales, principalmente de medicina y enfermería, que hacen que cada vez sea más difícil cubrir todos los puestos. Además, el que las plantillas estén mermadas nos lleva a un segundo problema, que es el que más nos afecta a los ciudadanos: la saturación del sistema, el cierre de camas o de consultas y unas listas de espera que se alargan y alargan, a veces de manera exasperante. Y no solo para una operación, una prueba diagnóstica o para ser atendido por un especialista, sino incluso también para que nos vea el médico de cabecera o el pediatra.

Pero hay otros muchos problemas. La España de las autonomías ha generado desigualdad en función del lugar en el que vivimos, porque no todas las regiones invierten lo mismo. La atención primaria, que debería ser la primera barrera del sistema sanitario, está cada vez más deteriorada, lo que lleva a que los ciudadanos colapsen las urgencias o a que acaben recurriendo a seguros privados. La medicina rural agoniza y deja a miles de personas con una sanidad de segunda. Enfermedades de gran prevalencia, como las relacionadas con la salud mental, siguen infravaloradas, al igual que la geriatría, precisamente en un país progresivamente más envejecido. Y una burocracia cada vez más compleja resta un tiempo precioso a los profesionales, restándolo a sus pacientes.

Es obvio que para resolver muchos de estos problemas y, con ello, para tener una mejor sanidad pública, se necesita más inversión. Nuestros médicos y enfermeras están entre los peores pagados de la Unión Europea y la financiación sanitaria en España se sitúa dos puntos por debajo de la media comunitaria.

Pero el dinero no viene del cielo, sale de nuestros impuestos, y por eso debe haber también un uso más eficiente de los recursos. Por ejemplo, en el gasto farmacéutico, absolutamente desbocado. O en el control del absentismo que hay entre los profesionales de hospitales y centros de salud, muy superior al que se registra en otros sectores, y que supone cientos de millones de euros cada año.

Y, por último, los ciudadanos tenemos también que asumir nuestra corresponsabilidad en el control del coste sanitario, haciéndonos más conscientes de que, a pesar de que todo nos resulta gratis, en realidad tiene un coste que pagamos entre todos, lo que nos debe llevar a un uso responsable del sistema.