La guerra del agua

Viene a colación citar a Prieto porque, en una época de máxima polarización política en nuestro país, que acabó por llevarnos a una fratricida guerra civil, dejó dicho que la política hidráulica «no debía ser ni de un partido, ni de un gobierno; la política del agua debe ser del Estado, al margen de los vaivenes electorales».

En los casi cincuenta años que llevamos de democracia, los políticos españoles no han sido capaces de cumplir esta máxima. Hablar de agua, sobre todo de pantanos y trasvases, ha provocado no pocas disputas entre partidos y regiones. Y este es el momento, con una situación de sequía que amenaza con hacerse crónica, en el que aún no hemos hecho los deberes. Ni siquiera para arreglar las fugas que tenemos en nuestras redes de suministro, por las que se nos va más del 15% del agua disponible.

Parto de la base de que no soy experto en planificación hidrológica. No sé si son mejores los embalses o las desalinizadoras, aunque sí soy consciente de que este tema tiene un impacto sobre el medio ambiente que no hay que desdeñar, porque además de nuestras necesidades, tenemos que cuidar nuestro entorno. No es un debate tan sencillo como a veces se quiere plantear. Dicho esto, lo que sí tengo claro es que el agua es de todos. No es patrimonio de una u otra región, por mucho que hayamos permitido estatutos de autonomía que se atribuían la propiedad de los ríos. El agua es de todos los españoles y, en un próximo futuro, de todos los europeos, porque la Unión no tardará en abordar cómo desde el fértil norte se puede ayudar al seco sur del continente. Es una cuestión de solidaridad entre territorios y entre ciudadanos, la misma solidaridad que llevó a las autoridades comunitarias a aprobar en su día los fondos estructurales o de cohesión, de los que tanto se benefició España.

Esto generará no pocos conflictos, porque las regiones que tienen agua, que va a ser el petróleo del siglo XXI, pondrán cada vez más reticencias para compartirla. Y es aquí donde el Estado, y los partidos nacionales, deberán ser fuertes, haciendo valer ese principio de solidaridad y garantizando un correcto uso de ese agua por parte de las regiones receptoras. No nos queda otra, porque la sequía que hoy afecta a Andalucía y Cataluña la puede sufrir en el futuro cualquier otra autonomía.

Posdata al gobierno catalán: aunque resulte contradictorio con vuestro discurso oficial, está muy bien apelar a la solidaridad del Estado ahora que lo necesitáis. Es mejor que salir con aquello de que «España nos roba... el agua». Pero, por favor, que no se os olvide cuando seáis vosotros los que tengáis que arrimar el hombro.