¿Recortar el currículo común?

Crecen las dudas tras los pactos de gobierno alcanzados por el PP y Vox en materia de educación en diversas comunidades autónomas. En Aragón y la Comunidad Valenciana ambos partidos han acordado sacar «la ideología de las aulas» para permitir que «los padres elijan la educación de sus hijos», una fórmula similar a la negociada en Baleares siguiendo al Gobierno de Castilla y León, que aduce un derecho «inalienable de los padres a decidir la educación de sus hijos», o al de Extremadura con un presunto «derecho constitucional que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus convicciones».

Sin embargo, nuestra Constitución no ampara acomodar los aprendizajes a las opiniones de los progenitores. Lo que garantiza su artículo 27.3 es el derecho que les asiste «para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». Ello excluye que el plan de estudios común a todo el alumnado, y que no se reduce solo a la adquisición de conocimientos, sino también valores, dependa de la ideología de sus familias. Así lo reiteraba el Tribunal Constitucional español, de forma unánime en esta cuestión y coherente con la jurisprudencia europea, el 18 de abril en su sentencia 34/2023 ante el recurso contra la LOE.

Recordaba el tribunal que el texto constitucional en su artículo 27.2 motiva la educación por «el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos fundamentales». Por eso, todos los estudiantes sin excepción, independientemente de las creencias de sus progenitores, tienen derecho a una formación respetuosa de las mismas, pero completa, con objetivos, contenidos y procedimientos que se detallan en los decretos curriculares aprobados y publicados conforme a la ley.

No es posible argüir por ello indefensión de las familias. En el caso español concurre un espacio en el propio plan de estudios para las convicciones religiosas y morales particulares con una asignatura optativa específica. Además, existe un canal de participación en la definición del currículo a través los consejos escolares del Estado y de las comunidades autónomas, y en su concreción con los consejos escolares de los centros. Y, especialmente, porque todas las administraciones educativas deben respetar en su mandato la pluralidad ideológica, que obliga a que los currículos aprobados sean neutrales, objetivos y escrupulosos con la libre opinión.

Invocan los pactos el supuesto descontrol de actividades «extracurriculares», pero lo que se cuestiona en el fondo siempre es el propio currículo, como ocurrió con la resistencia a la Educación para la Ciudadanía en los albores del siglo, la iniciativa del 'pin parental' hace dos años en Murcia, o el recurso de la Comunidad de Madrid contra el real decreto de Bachillerato planteado ante el Tribunal Supremo y desestimado el pasado 5 de julio. Considera el Ejecutivo regional «conceptos adoctrinadores e ideológicos», entre otros, el estudio de «las grandes reformas estructurales que acometió la II República» -esto es, la instauración del sufragio femenino, el derecho al divorcio o la posibilidad de estatutos de autonomía- o deber conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados en 2015 por España y otros 192 países.

Los pactos alcanzados en diversas comunidades para ajustar la formación de los escolares a las convicciones de sus padres alimentan la divergencia política ignorando el grave riesgo que supone la reducción del currículo común. La misma tentación sustractiva fascina en el fondo, no obviamente en la forma ni en los temas escogidos, a la comunidad autónoma del País Vasco. Esta también, eso sí, con mayor sigilo, opta por mermar conocimiento del aprendizaje de nuestros jóvenes -es el caso de la experiencia terrorista en España-, así como el cultivo del valor de empatía hacia sus víctimas, en disonancia con las normas curriculares básicas e, incluso, con propias redacciones anteriores.

Nuestras aulas necesitan miradas suficientemente amplias, ecuánimes e inclusivas y no planteamientos divisivos que detraigan saberes y virtudes de los planes de estudios. Dar la consideración de particular a lo que debe ser universal, además de suponer un retroceso político formidable, cuestiona el derecho de todos los estudiantes, avalado por distintos tribunales, a su formación integral. Cada vez es más escaso el suelo ético y político que compartimos bajo nuestros pies y más evidente el peligro consiguiente.