Revulsivo europeo

Nominalmente, ello generaría una profunda transformación en nuestro modelo productivo, a diferencia de las políticas que se implementaron frente a la crisis financiera de 2008. Pero aumenta la incertidumbre sobre el futuro inmediato del empleo en sectores extractivos, industriales o de servicios que pueden quedar orillados en los programas de estímulo de los próximos tres años, con la consiguiente presión sobre el gasto social. Junto a ello hay aspectos que ni España ni la UE pueden descuidar. El primero es que la apuesta europea fue acordada en julio, cuando sería necesario que su monto final y su cobertura tengan en cuenta los efectos de la segunda ola y de la evolución del coronavirus. Por otra parte, la publicidad dada a la iniciativa puede inducir una diseminación tal de propuestas susceptibles de ser subvencionadas que difumine sus resultados en una pedrea o en una subasta alentada por demandas partidarias y territoriales. Está además el problema crítico de la ejecución efectiva de los proyectos y su verificación, para lo que los foros políticos y las reformas administrativas anunciadas por el presidente podrían llegar tarde o ser insuficientes.

Teniendo en cuenta que durante 2021 cada país percibirá solo un 10% de las transferencias comprometidas por la UE, los 27.000 millones que el Gobierno se dispone a adelantar dentro de los Presupuestos resultan imprescindibles, siempre que tal dotación no incremente los problemas de liquidez que atraviesa el conjunto de las administraciones públicas respecto a sus cuentas ordinarias.