Revés económico y social

El Gobierno venía alegando que la permanencia era más razonable para la compañía que la pérdida de los 1.000 millones de euros que, según sus cálculos, le costaría abandonar las instalaciones. Pero no parece que Nissan coincida con esa estimación. En cualquier caso, su dirección tiene el propósito de someter las condiciones de la retirada a una negociación en la que, de una manera u otra, podría estar presente el futuro de las fábricas de Ávila y Cantabria. Mientras las instituciones públicas veían que el cierre en Barcelona iba a suponer la desaparición de la marca del mercado europeo con su «consiguiente coste reputacional», la empresa ultima el plan por el que cede el espacio de la UE a Renault, que también pertenece a su grupo. El Gobierno y especialmente la Generalitat se dicen dispuestos a continuar explorando salidas a la situación. Pero no podrán hacerlo con menos escepticismo del que han mostrado hasta ahora. Quedan fuera de la realidad las sugerencias de nacionalización realizadas por Pablo Iglesias o las de asunción pública de las plantas barcelonesas para producir vehículos eléctricos formuladas por Íñigo Errejón.

Las administraciones deben centrar sus esfuerzos en contribuir al mantenimiento y renovación de las factorías y empresas auxiliares del sector, y al impulso de proyectos innovadores en cuanto a sostenibilidad y nueva movilidad. Pero nada de eso cobra sentido al margen de las estrategias que se adopten en el ámbito europeo para un país que no cuenta con una marca de automoción propia ni con una disponibilidad financiera pública suficiente para una acción independiente. Las instituciones deberían reflexionar sobre su implicación en los proyectos empresariales a la luz de lo ocurrido con Nissan.