El presidente Pedro Sánchez anunció por la mañana en el Congreso que el Gobierno «propondrá a las comunidades autónomas endurecer el plan de Navidad» si lo considera necesario. Por la tarde, el Consejo Interterritorial de Sanidad abordó qué medidas podrían adoptarse para frenar la tendencia ... al alza de los contagios, como si la tendencia no les pareciese aún lo suficientemente contrastada hasta el gris casi negro. Recurrir a confinamientos perimetrales, dar marcha atrás en la permisividad para viajes de reencuentro familiar o emplazar a reuniones con menos gente son algunas de las sugerencias que, a modo de amenaza flamígera, blandió el órgano interautonómico que reúne a los 17 titulares de salud que han planificado ya en muchos casos sus respectivos planes de choque, como si el virus se manejase con diferente virulencia en función de la última frontera que cruzara.
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El Gobierno de La Rioja fue de los que hizo públicas las suyas ayer. Mantiene el actual confinamiento perimetral de la región hasta el 15 de enero, abre mugas en días señalados para encuentros familiares (o con allegados) e impone el cierre de bares y restaurantes a partir de las 20 horas en las fechas más significativas. De las palabras de la presidenta Andreu o de la consejera Alba se deduce que desde el Ejecutivo regional se da por insoslayable la tercera ola que a partir de enero nos puede llevar a un escenario indeseado. Las apelaciones a la responsabilidad individual son inevitables, como inevitable es la desatención que una parte de la población presta a esas llamadas de alerta. Ninguna administración es ajena a esa realidad, contrastada sin ir más lejos en el puente festivo de primeros de mes que ahora se está dejando notar en el repunte de casos positivos, de ingresos hospitalarios y de muertes. En función de esa certeza empírica, es absolutamente temerario que opten por un abordaje parsimonioso del problema posponiendo unos días la corrección de sus propias decisiones. Si los ciudadanos no debemos sacudirnos nuestra responsabilidad cívica, las instituciones tampoco pueden desentenderse de la suya transfiriendo a la conducta individual y a la de las familias su obligación de impedir el incremento de contagios. La posibilidad de que la vacunación pueda adelantarse en una semana, si la EMA y la Comisión Europea validan inmediatamente el producto de Pfizer-BioNTech, no resta gravedad al momento. Todo lo contrario, urge a evitar por todos los medios que el comienzo de la administración de vacunas coincida con un serio repunte de casos.
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