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La emergencia migratoria en Canarias ha desbordado en las últimas semanas todas las previsiones con las que se manejaban las administraciones afectadas; en especial, el Gobierno. Los viajes de los ministros Grande-Marlaska, Escrivá, Ábalos y Darías representan un despliegue tan tardío como imprescindible para encauzar una situación que volverá a complicarse si Marruecos no asume su parte de responsabilidad en la salida de sus nacionales y en el tránsito por su territorio de miles de jóvenes africanos; entre ellos, muchos niños. Claro que el COVID ha «trastocado» todo, como apuntaba ayer el ministro de Interior. Pero el Gobierno, que estaba avisado por Frontex de lo que venía con anterioridad a la pandemia, ha evidenciado falta de reflejos y de coordinación interna frente a los requerimientos de las instituciones canarias ante la penosa situación de miles de inmigrantes prácticamente abandonados durante días. La negativa a trasladarlos a la Península puede resultar razonable hoy. Pero, de seguir así las cosas, las islas no tienen por qué cargar en solitario con las implicaciones sociales y hasta morales que conlleva una emergencia que corresponde afrontar al conjunto de España y a la UE.
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