Las piscinas comunitarias son la prueba del nueve de la convivencia vecinal. Lo han sido hasta ahora, cada verano, desde que proliferaron como un valor añadido urbanístico durante el boom inmobiliario. Y lo están siendo este año incluso desde antes del reciente aterrizaje del estío. Como tantas cuestiones en estos meses, ésta también ha estado condicionada por la inconcreción normativa, que ha abonado no pocas incertidumbres y sugerido decisiones de distinta fortuna en un medio social de tan complejo gobierno como lo es en la práctica una comunidad de vecinos. La realidad, con la temporada ya iniciada, es que la mayoría de las piscinas comunitarias están hoy abiertas, o en vía de estarlo, al amparo de una normativa regional pragmática que, ante la imposibilidad de ponerle puertas a ese campo, ha optado por hacer descansar en la responsabilidad personal de los vecinos la correcta gestión de su uso y disfrute en armonía con las exigencias de seguridad sanitaria derivadas de la situación. La misma responsabilidad a la que ayer volvió a apelar el Gobierno regional para prevenir indeseados rebrotes. Atender esa responsabilidad es la mejor garantía de la buena convivencia. Con los vecinos y con la sociedad.
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