Una responsabilidad colectiva

El Gobierno de La Rioja dio ayer nuevos pasos en la fase de «contención reforzada» establecida el lunes para combatir el avance del coronavirus. La decisión de suspender la actividad lectiva en todos los centros educativos de la región, desde las guarderías hasta la Universidad, con lo que ello supone, durante la próxima quincena refleja la gravedad que las autoridades atribuyen a esta crisis. El rosario de medidas precautorias con que se acompaña esa decisión, que afecta directamente a 70.000 niños y jóvenes riojanos, abunda en el carácter grave de la primera reacción del Ejecutivo tras la súbita progresión del número de positivos en la Comunidad (155 a fecha de ayer) y de la tasa de inciencia, que ya es la primera de Europa, con casi 49 casos por cada 100.000 habitantes. La comprensión, como no podía ser de otra forma, con la que los ciudadanos asumieron la anormal normalidad de la nueva situación sirvió también para atender el cuadro de medidas que presentó por la tarde el Consejo de Ministros en coordinación con los comunidades autónomas: celebrar a puerta cerrada los eventos deportivos que puedan atraer a más de 1.000 personas, suspender los vuelos con Italia y cancelar los viajes del Imserso durante un mes. Medidas que pretenden frenar el ritmo de los contagios, que en La Rioja avanzan a mayor velocidad que en otras regiones y en España a mayor ritmo que en otros países de su entorno, de forma que la situación resulte asimilable. El ministro Salvador Illa sostuvo que, aunque los contagios por el COVID-19 aumentarán en los próximos días, hay un horizonte de salida, como lo demuestra la evolución de la epidemia en China, y precisó que la intención del Ejecutivo es evitar las restricciones generalizadas que se ha visto obligada a aplicar Italia.

No obstante, resulta sorprendente que entre las excepcionales acciones puestas en marcha y la expectación ante el plan de choque que adoptará mañana el Consejo de Ministros estén pasando desapercibidas las necesidades más perentorias que plantea el coronavirus: la cobertura efectiva de su desafío sanitario. A la preocupación que suscita el impacto del patógeno en la población de avanzada edad –la más vulnerable– se suma el riesgo de que el sistema se sature y acabe por colapsar. Urge habilitar créditos presupuestarios para reforzarlo tanto con la contratación de profesionales como con la provisión de los medios materiales requeridos.

El Consejo Europeo se comprometió ayer a utilizar «todas las herramientas necesarias» para superar lo que Pedro Sánchez calificó de «emergencia sanitaria y económica» global, y abrió así la puerta a la flexibilización de la disciplina presupuestaria en cuanto a los límites del déficit. Las medidas de restricción adoptadas comportan efectos sobre la economía. Su aplicación días antes de que puedan activarse las coberturas públicas a la actividad y el empleo genera un vacío desconcertante, aunque se presuma momentáneo.

Tiene razón el presidente Sánchez al reivindicar una respuesta coordinada y conjunta a la expansión del COVID-19. Una respuesta que hasta ahora se ha echado en falta en la UE. Como tiene razón la presidenta Andreu al ponderar a «los mejores profesionales sanitarios y el mejor sistema de salud posible para hacer frente a esta situación». Encauzar la crisis exige un esfuerzo pedagógico por parte de las instituciones y una campaña de información que implique a toda la ciudadanía en el cumplimiento de las recomendaciones para combatir la epidemia y genere una responsabilidad colectiva en una tarea de todos.