La reputación del BBVA

La decisión constituye un salto cualitativo en el desarrollo judicial de un escándalo que ha dañado seriamente el buen nombre del banco. Las imputaciones del magistrado se dirigen contra él en tanto que se presume la comisión continuada de delitos sin que su equipo directivo lo impidiera o denunciara. Además, cuentan con la fuerza probatoria de dádivas personales por la contratación de los servicios de presunto espionaje y presupone que la entidad presidida por Francisco González cuando se produjeron los hechos debió beneficiarse en algún sentido de las supuestas actividades al margen de la ley de Villarejo. El consejero delegado del BBVA, Onur Genç, se vio obligado a reconocer ayer, en la presentación de los resultados del primer semestre, que el caso ha afectado negativamente a la reputación del grupo, pero subrayó que no se ha identificado «ningún impacto directo relevante en el negocio o en la evolución de la acción». Probablemente porque sus clientes e inversores confían en que no vuelva a ocurrir nada parecido en su banco de referencia, el segundo mayor de España y uno de los principales de la UE. La gravedad del asunto impone que los máximos responsables de la entidad aclaren sus relaciones con Villarejo -que, de confirmarse los indicios existentes, atentarían frontalmente contra los códigos éticos y de buena gobernanza que rigen en el BBVA-, colaboren con la máxima transparencia con la Justicia y depuren las responsabilidades que correspondan. Lleguen hasta donde lleguen.