Sin reprobación

El 3 de octubre de 2017, tras la consulta fallida del 1-O, Felipe VI pronunció un duro discurso en el que acusó a determinadas autoridades de Cataluña de «vulnerar de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible», recordó que « ... es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña». El Parlamento catalán aprobó días después una resolución en la que condenaba «el posicionamiento del rey Felipe VI, su intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia por los cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017» y apostaba «por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía». El Gobierno presentó recurso de inconstitucionalidad y el TC, por unanimidad, ha anulado los párrafos clave de aquella resolución. Frente al disparate político, el rigor jurídico es la mejor arma.