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La multitudinaria concentración protagonizada el domingo en Logroño por familias, docentes, alumnos y sindicatos de la enseñanza concertada ha servido para reafirmar las posiciones políticas sobre la gestión educativa del Ejecutivo de coalición. Desde el PSOE e IU respetando la manifestación aunque sin compartir sus ... argumentos, y por la oposición juzgando la caravana como un elocuente aldabonazo al departamento de Luis Cacho a rectificar. «El consejero ha recibido un serio aviso, debe tomar nota», sostiene el PP. Su secretario general, Alberto Bretón, interpreta la marcha como la confirmación de la «falta de diálogo y el talante autoritario» mostrado a su entender por el equipo que lidera Concha Andreu. «Donde había una convivencia pacífica ha generado enfrentamiento», lamenta Bretón llamando a revertir la coyuntura y subrayando la apuesta de su partido «por una educación de calidad, pública y concertada». También Cs propone dar marcha atrás ya a lo que su portavoz en el Parlamento, Pablo Baena, valora como un ataque a la libertad de elección de centro. «Cacho ha generado un problema donde no existía por un pacto de Gobierno ideológico en el que está maniatado por la consejera en la sombra, que es Henar Moreno», afirma para defender que «la concertada es también parte del sistema público» y agregar otra crítica a la elevación de la ratio: el riesgo sanitario que comporta la supresión de diez líneas cuando lo que se requiere ante el COVID son aulas más holgadas.
La socialista Teresa Villuendas modula el seguimiento de la protesta del domingo –«ha habido manifestaciones 'verdes' más masivas»– que cree «manipulada» por los populares cuando aún se puede alegar. A partir de ahí, la secretaria de Educación del PSOE ve «totalmente justificada» la postura de la Consejería. «Se limita a poner orden en la situación que propició el PP durante 24 años, fomentando un manifiesto desequilibrio en los recursos dedicados a cada red como denunció el Tribunal de Cuentas», arguye para enfatizar la defensa de su formación por la escuela pública como eje vertebrador y compatible con una concertada que respete la justicia social. También Henar Moreno inscribe la mengua de líneas en un «ajuste» obligado por la reducción del alumnado y la caída de la natalidad. «Hay un acuerdo de gobierno que aboga por el carácter integrador de la pública», recalca al puntualizar que «el derecho de las familias a elegir centro no es el derecho a la financiación».
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