El estímulo a las energías renovables, por imperativo e inevitable que se vista, no puede servir de patente de corso a cada proyecto que se geste bajo su sombra. Álex Dorado, portavoz del Gobierno riojano, dejó clara ayer la postura del Gabinete Andreu –«Tiene que ... ir de la mano de la salvaguarda de los valores naturales»– en la primera reacción oficial del Ejecutivo al megaproyecto de la empresa Forestalia para construir dos centrales fotovoltaicas en Aragón y una línea de evacuación de 185 kilómetros que afectaría a La Rioja, además de a Navarra, Burgos y Álava. Una postura concluyente que, seguramente, es la única posible en este caso. Solo imaginar las 250 torres de entre 40 y 70 metros de altura que soportarían el cableado entre Alfaro y Briñas aproxima al disparate paisajístico que significaría para la región semejante proyecto. Un aparente desatino que debería encontrar la contestación de la sociedad riojana, con todas sus fuerzas políticas alineadas de manera unánime para frenarlo. Un proyecto privado, conviene no olvidarlo, no puede escudarse detrás de un supuesto interés general, que deja de serlo, además, en el momento que causa daños irreversibles a terceros.

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