La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció este lunes la intención del Gobierno de solicitar a la Comisión Europea la prórroga de la excepción ibérica que termina en mayo, y seguir así topando el precio del gas para generación eléctrica « ... hasta final de 2024». Parece evidente que la fórmula surtió efecto en el último tramo del pasado año, contribuyendo a la contención a la baja de la inflación en nuestro país. Aunque no se cuenta con datos fehacientes sobre su importancia relativa en la evolución de la factura eléctrica y en el del IPC. Pero la sola perspectiva de que el tope propuesto oscile entre 45 y 50 euros por MWh durante dos años permite suponer que España –y en su caso Portugal– podría situarse en parte al margen de las fluctuaciones globales del gas. Aportando una ventaja imposible de cuantificar hoy que, presumiblemente, alentaría la búsqueda de un horizonte energético compartido para el conjunto de la Unión Europea frente al sistema marginalista. Oficialmente el Gobierno no ha iniciado los trámites para elevar tal solicitud a Bruselas. A pesar de lo cual la eventualidad de la petición forma parte de las variables que se manejan en la Comisión. El argumento empleado para obtener el plácet inicial –la falta de una interconexión energética de entidad entre la Península y el resto de la Unión– no ha decaído en estos meses.
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La convicción de que la vigencia de la excepción ibérica facilitaría su continuidad está presente en el ánimo del Gobierno. Pero la dilación en el establecimiento de una regulación común del mercado eléctrico no obedece a una mera inercia proclive a dejar las cosas como están. Responde sobre todo a una discusión de fondo entre visiones e intereses encontrados respecto a la preeminencia o no del libre mercado en materia energética. El compromiso español de que el Consejo de Ministros de hoy estudiará un documento de reforma sobre el sector parece una señal insuficiente para allanar el camino a la prórroga de nuestra excepción. El Consejo Europeo acabó mostrándose receptivo a implantarla a partir de junio. Pero el Ejecutivo Sánchez deberá aportar esta vez una ecuación más compleja, a partir de resultados y perspectivas concretas que beneficiando a España beneficien también al resto de los socios, y –he aquí lo difícil– sin un menoscabo sustancial para el restablecimiento del mercado una vez amaine la crisis energética imputable a la guerra de Putin. No necesariamente al finalizar 2024.
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