El regreso de Puigdemont

La reforma penal impulsada por la coalición de gobierno PSOE-Unidas Podemos condujo ayer al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena a retirar el delito de sedición de la euroorden cursada contra Carles Puigdemont, entre otras personas, a sustituirlo por el de desobediencia y mantener ... el de malversación al considerar que actuó con ánimo de lucro. En su auto, el magistrado entiende que los cambios legales recién aprobados dan lugar a «un contexto cercano a la despenalización» de los ilícitos en los que habrían incurrido responsables del 'procés' a tenor de la normativa vigente en aquellos momentos. El hecho de que la desobediencia no conlleva prisión y la posibilidad de que la malversación imputada sea recurrida situaría al expresidente de la Generalitat en condiciones de volver a España asegurándose la libertad. El objetivo que el independentismo persigue es el reconocimiento legal, o cuando menos aparente, de que los hechos juzgados por el Supremo no constituyeron delito alguno. El de Puigdemont no es solo proclamar su inocencia, sino constatar la persecución sufrida por parte de una España que se habría visto obligada a rectificar ante los requerimientos europeos para su homologación democrática y la persistencia de la voluntad catalana para conformar una república propia. La realidad paralela por la que circula el secesionismo no alcanza hoy a convencer ni a la mitad de los catalanes sobre la conveniencia de conformar un Estado ajeno al marco constitucional que comparte toda España. Pero la fórmula propuesta desde ERC para refrendar sus propósitos con la participación del 50% del censo, siempre que el 55% de los participantes se incline por la independencia, indica cuál es la visión más moderada e integradora que puede encontrarse hoy en el soberanismo. Le bastaría con neutralizar a la otra mitad de la población, que es lo que busca desde hace una década.