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El Gobierno ha remitido a la Comisión Europea el enunciado de las reformas que contempla introducir en materias como el sistema de pensiones, la legislación laboral, el marco energético y la fiscalidad como requisitos para acceder al Fondo de recuperación. No está claro cuál va a ser el nivel de exigencia con que Bruselas examinará el ánimo reformador de cada país que asegure la novación de su modelo productivo y la sostenibilidad de su crecimiento. Pero la necesidad de los cambios que apunta el Gobierno es nacional antes que europea, y ha de ser asumida por las administraciones públicas así como por los agentes sociales al margen de que la Comisión Europea se muestre más o menos rigurosa al respecto. Lo que obliga a que el propio Ejecutivo de coalición supere sus diferencias internas para dibujar un horizonte más nítido con un calendario más preciso en cuestiones tan sensibles. Siendo importante que tanto ante Bruselas como, sobre todo, ante la propia sociedad española, indique cuanto antes qué parte de las reformas enunciadas piensa aplicar o tramitar en 2021. Las movilizaciones convocadas por CC OO y UGT a partir del 11 de febrero podrían servir, paradójicamente, para dar carta de naturaleza a las reformas presentadas ante la Comisión Europea.
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