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En los poco más dos meses transcurridos desde la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí', al menos 180 delincuentes sexuales han visto reducida su condena y una veintena han quedado en libertad al beneficiarse de la rebaja de penas en ... algunos supuestos. Esos indeseados efectos de uno de los proyectos estrella de la legislatura, que han suscitado una lógica alarma social y una gran polvareda política, se ampliarán conforme los tribunales revisen más sentencias previas a la nueva regulación. El Supremo no solo ha confirmado, como era de suponer, la obligación de respetar el principio de retroactividad favorable al reo incluido en el Código Penal, sino que ha eludido por ahora la unificación de doctrina que ansiaba el Gobierno al abogar por que los casos sean analizados uno por uno dada la enorme diversidad de circunstancias existentes. Este panorama hace necesaria la urgente reforma de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual para taponar a la mayor brevedad sus chapuceras grietas, que favorecerán a más agresores mientras no sean corregidas con el exigible rigor jurídico del que carece el texto.
No se entiende muy bien a qué espera el Ejecutivo para afinar la redacción de una norma cuyo objetivo primordial es tan loable como una defensa más efectiva de los derechos de las mujeres, lo que se contradice con las consecuencias prácticas de su aplicación. Las pautas para interpretar el nuevo cuadro punitivo introducidas en la reciente modificación del Código Penal constituyen una mera ocurrencia sin valor legal alguno. El empecinamiento del Ministerio de Igualdad, en manos de Unidas Podemos, en mantener a toda costa el actual articulado, en el que niega cualquier fallo, no puede prevalecer sobre la incontestable realidad de que ha beneficiado a decenas de violadores condenados en firme. Dejar pasar el tiempo a la espera de un improbable cambio de criterio de los tribunales solo engrosará esa lista y causará un daño adicional a las víctimas. Pese a las crecientes voces dentro del PSOE que reclaman una reforma, Pedro Sánchez ha priorizado de momento no abrir una brecha con sus socios en el Gobierno de coalición, que han hecho bandera de una ley con aportaciones valiosas, pero con evidentes lagunas que es preciso cubrir. Aunque rectificar nunca es plato de gusto, en este caso representa la mayor aportación que puede hacer a la causa feminista un Ejecutivo que se autocalifica como tal.
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