El Gobierno elevó ayer un 53% el techo de gasto del próximo año, que se situará así en 196.097 millones en los Presupuestos del Estado. El lógico aparcamiento de la ortodoxia financiera en una situación de emergencia está plenamente justificado. El cumplimiento del cuadro macro aprobado depende de factores que no están del todo a su alcance. Primero, de una evolución epidémica favorable a la reactivación hasta el punto de que el crecimiento en el próximo ejercicio –calcula un 7,2%– se acerque a la contracción del actual. En segundo lugar, el Gobierno da por descontado que accederá a las ayudas europeas y que optimizará esos recursos hasta avanzar en la transformación del modelo productivo.

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El desiderátum de elevar el límite de gasto un 53% resulta plausible en este contexto. El problema está en que se materialice en unos Presupuestos no solo viables porque el Gobierno logre sumar los escaños precisos para su aprobación, sino que resulten equilibrados y ajustados a las necesidades. El optimismo que revelan esos 196.097 millones de techo solo cobrará sentido cuando se detalle su inversión en proyectos que contribuyan a superar la crisis y crear un tejido económico de futuro.

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