Recuperar el control

Tras la desescalada, que concluyó con una caída casi total de los contagios del COVID-19, la comunidad científica ya avisó de que aparecerían inevitablemente algunos brotes, que habría que controlar mediante un rastreo estricto a partir de la asistencia primaria del sistema sanitario, que debía ser dotada de medios y rastreadores suficientes. Lo importante era evitar –se dijo– que regresáramos a la transmisión comunitaria, es decir, a la pérdida de control de las cadenas de contagio. Pues bien: ya podemos quitarnos la venda de los ojos, porque es evidente que este supuesto –la pérdida del control– ya se está produciendo en muchos de los brotes identificados, especialmente en Aragón y en Cataluña, donde se han alcanzado índices de contagio muy semejantes a los de la fase álgida de la pandemia, aunque las consecuencias hayan sido más leves ya que los nuevos infectados han sido sobre todo jóvenes, poco atentos en general a las recomendaciones de prudencia, muchos de los cuales han permanecido asintomáticos. Pero, como cabía esperar, los sectores de riesgo acusan ya la nueva proliferación del virus. La falta de rastreadores, muy irregularmente repartidos, ha hecho imposible frenar la recaída.

Tiene escaso sentido entrar en polémica sobre si estamos en presencia o no de una segunda oleada (María José Sierra, número dos del Centro de Coordinación de Alertas, ha reconocido que puede serlo). Lo cierto es que estamos viendo que las recomendaciones persuasivas de las autoridades a la población para que adopte precauciones no dan todo el resultado necesario si no se las dota de suficiente fuerza coercitiva. Hay que cortar la cadena de contagios, aunque haya que recurrir a medidas más extremas.

Los brotes han disuadido a la mayoría de nuestros potenciales visitantes, y Francia, sin ir más lejos, ya recomienda «vivamente» a sus ciudadanos que no viajen a Cataluña hasta que no mejore la situación. Es posible que, en los brotes más graves, no haya otra solución que el confinamiento, aunque sea limitado a una zona. Y para ello, no existe otra vía legal que el estado de alarma, que solo puede proponer el Gobierno. La conferencia de presidentes que Sánchez ha convocado para el día 31 en San Millán debería examinar este asunto con la debida profundidad, porque sin duda el problema será tanto más grave cuanto más se extienda la pandemia antes de que se adopten soluciones radicales.