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El rebrote ya en marcha de la economía española, que se intensificará en la segunda mitad del año gracias a las vacunas y permitirá al PIB recuperar su nivel preCOVID a finales de 2022, constituye un motivo de esperanza confirmado por el último informe de la OCDE, que mejora sus previsiones para nuestro país. Pero sería erróneo quedarse en la espuma de las cifras del crecimiento estimado y desechar las advertencias del organismo internacional, resumidas en la necesidad de emprender reformas tan ambiciosas como impopulares. Entre ellas, elevar la edad de jubilación para vincularla con la creciente esperanza de vida, subir el IVA y diseñar un plan plurianual para reducir el insostenible nivel de deuda pública; en estos dos últimos casos, cuando el crecimiento sea sólido. La coincidencia entre ese diagnóstico, los emitidos por el Banco de España y la AiRef y las recomendaciones de Bruselas elevan la presión sobre el Gobierno, que habrá de conciliar la prioritaria reparación de los daños causados por la covid en el tejido productivo, laboral y social con la reforma del mercado de trabajo, el sistema de pensiones y planes a más largo plazo para corregir desequilibrios estructurales.
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