Rebelión energética

Es posible que el decreto no haya tenido en cuenta al detalle la amplísima casuística existente. También que el plazo para su puesta en marcha resulte apresurado. Es seguro que habría sido conveniente su debate previo con los sectores afectados y las comunidades autónomas, a las que endosa la responsabilidad de vigilar su desarrollo efectivo sin haberlas hecho partícipes de su contenido y que en algunos casos cuentan con sus propios planes. Pero las críticas, aunque legítimas, no pueden derivar en una rebelión contra una norma de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional. «Madrid no se apaga», ha advertido Isabel Díaz Ayuso quien, desprovista del apoyo de la dirección del PP, ha tardado unas horas en desdecirse de su conato de desoír las medidas, cuya constitucionalidad cuestiona. Mientras, el Gobierno vasco se propone aplicar su protocolo, y no el de Sánchez, aunque este miércoles rebajó el tono de confrontación inicial. De esa forma, Patxi López se vio obligado a incluir al PNV en las admoniciones a cumplir la ley, guste o no –como corresponde en un Estado de Derecho–, dirigidas al PP, donde otros 'díscolos' plegaron velas de inmediato.

Sin menoscabar el deber de las comunidades de defender sus competencias si las creen vulneradas, el ruido y la confusión generados en nada contribuyen a concienciar a la ciudadanía sobre el ineludible ahorro energético y demuestran que la clase política parece empeñada en repetir errores de la pandemia.