Reaccionar sin dramatismos

La segunda ola de COVID-19, que dio inicio hace ya dos meses y medio, ha puesto en evidencia el vacío jurídico que dejó la retirada del estado de alarma, ha confirmado que no existía ningún 'plan de respuesta temprana', y ha enconado un lamentable ... enfrentamiento entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ejecutivo de Sánchez. Pero también ha revelado que el parecer experto no acaba de precisar las pautas de transmisión que sigue o puede seguir el coronavirus, cuando su incremento se produce en entornos y circunstancias tan dispares. Qué decir del súbito incremento de casos en el conjunto de Europa. Resulta significativo que hasta anteayer, en el Consejo Interterritorial de Salud, no se hubiese formalizado un reconocimiento institucional de los aerosoles como factor infectivo. Aunque es aun más elocuente que la OMS siga manteniendo la cuestión en reserva. Las alertas se dispararon a principios de semana, cuando la eventualidad de toques de queda saltó a la palestra. Pero fue ayer, con la solicitud del estado de alarma «para todo el Estado» por parte del lehendakari, cuando se puso en claro cuál es la única vía legal por la que podrían transitar las instituciones de la España autonómica para responder y, en lo posible, adelantarse al COVID ante el peligro cierto de que la pandemia vaya a más. La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, ya ha pedido la declaración del estado de alarma y se ha unido así a Cataluña, Asturias, Extremadura, Navarra, Castilla-La Mancha, Cantabria y Melilla. Ciudadanos se ha ofrecido a respaldarlo. En este momento el paso adelante es ineludible tanto para el Gobierno de Sánchez como para el resto de los Ejecutivos autonómicos. El estado de alarma es, hoy por hoy, la única base jurídica sobre la que las distintas administraciones pueden operar con prontitud. Sea para limitar la actividad nocturna, sea para proceder a restricciones perimétricas de movilidad, e incluso para devolver a una parte de la ciudadanía al confinamiento domiciliario de marzo. Es esto último lo que ha de evitarse. Pero, sobre todo, ha de evitarse que la excepcionalidad se prolongue en el tiempo hasta dañar aun más gravemente a la economía y a la vida social. Claro que para ello ni Pedro Sánchez debería solazarse, sin más, con que sus críticos hayan acabado dándole la razón respecto al estado de alarma –cuando se ha resistido durante meses a brindar al país otros instrumentos legales–, ni los presidentes autonómicos pueden asumir la gestión del mismo eludiendo adoptar las medidas que requiere la crisis.