El Ayuntamiento contra el ciudadano (Cuando lo político se confunde con la política)

He sabido que un ciudadano pidió información al Ayuntamiento de Logroño sobre el tipo de licencia con que cuenta un local. La solicitud no tenía ningún obstáculo porque el expediente estaba finalizado y su contenido era, literalmente, el que les digo. Por tanto, nada raro tendría que haber ocurrido.

Pues bien, la esperanza ha sido en vano; sí ha sucedido algo extraño. Primeramente, resulta que el Ayuntamiento ha empleado seis meses (¡seis!) en responder. También ha ocurrido que la respuesta ha sido novedosa. En esta novedad está el meollo de la cuestión y también su gravedad. Hasta ahora, cualquier solicitante de este tipo de información podía ver el expediente y si quería copia de algún documento se le facilitaba; si quería realizar alguna fotografía (sí, sí, fotografía), también podía.

Pero, como les digo, el Ayuntamiento ha mudado de costumbre en el caso que comento. El ciudadano preguntón ha recibido un informe acompañado, además, de una factura de 70 euros. ¡Toma! Un informe que no pidió y por el que tiene que abonar una bonita suma. ¿A quién se le ocurre pedir información, hombre?

Intentaré explicar lo sucedido. Resulta que ese ciudadano curiosón es vecino de una de las calles logroñesas con problemas de contaminación acústica. Y también sucede que el expediente de marras trata de uno de esos locales relacionados con el ruido. Vaya, vaya, parece que la cosa se va aclarando.

Como soy muy raro, estoy por pensar que igual lo que ocurre es que el Ayuntamiento quiere que se sepa que quien en el futuro desee información sobre asuntos semejantes va a tener que tentarse el bolsillo para comprobar sus posibles. Así (sigo imaginando), lo que el Ayuntamiento desea es que sea de público conocimiento que más vale que todo el mundo se esté quietecito pues no está el horno para bollos en esta materia que tan nervioso pone a más de uno.

Miren, creo que estamos ante un caso evidente de unos gestores públicos que confunden las instituciones (lo político) con la acción del gobierno municipal que ejercen (la política). Unos responsables que consideran que nuestras instituciones (insisto: nuestras) que forman lo común compartido por la ciudadanía, son suyas y les sirven a su antojo; que las instituciones, que deben mantenerse neutrales, ajenas a la política, a la politización, les pertenecen.

Nuestros gobernantes municipales creen que el control ciudadano de su actuar es intolerable; que los ciudadanos debemos ver, oír y callar (y votar y pagar impuestos, claro); que tenemos que dejarlos en paz pues ellos ya saben qué hacer y cómo hacerlo bien (lo que suele coincidir con lo que mejor les viene a ellos).

Como así razonan, toman las instituciones como algo propio, las politizan, las hacen partidarias. De esta forma, nuestras (vuelo a insistir: nuestras) instituciones pasan a ser contrarias a los ciudadanos, a sus intereses, a sus necesidades. Y de ahí que los ciudadanos nos sintamos ajenos a lo público, a lo común, viendo cómo unos se apropian de lo de todos sin que respondan por ello.

Nuestros gobernantes, en definitiva, han conseguido que las instituciones, que a todos deben servir con imparcialidad, se conviertan en instrumento de la política al servicio de sus ambiciones particulares sin límite. Ellos se han separado de nosotros como si pertenecieran a un mundo distinto, pasando a ser pura clase dominante.

No descubro nada al decir que el problema no es de ahora. Los dirigentes anteriores y los actuales son meros síntomas de la misma enfermedad. Es ésta la que debemos combatir, bien es cierto que luchando contra el actual síntoma de la misma pero sin olvidar que la cuestión peliaguda es profunda y va más allá de un «quítate tú para ponerme yo». Situaciones como las que he venido a denunciar no pueden seguir ocurriendo.