Radicalismo a la baja

El independentismo catalán conmemoró ayer el segundo aniversario del referéndum ilegal del 1-O mediante convocatorias testimoniales cuya participación nada tuvo que ver con la trascendencia que el Gobierno de la Generalitat quiso dar a la fecha en un acto presidido por Quim Torra, secundado ... por Pere Aragonès, reclamando «avanzar sin excusas» hacia la independencia. A pocos días de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre las responsabilidades contraídas por quienes promovieron los acontecimientos de septiembre y octubre de 2017, el independentismo continúa celebrando cómo pudo burlar las resoluciones judiciales que prohibían aquella consulta, y cómo puso en evidencia el «carácter represivo» del Estado español. Todo para situarse cada vez más lejos del objetivo pretendido. Desde septiembre de 2012, cuando la Convergència de Artur Mas se volvió secesionista, las instituciones de la Generalitat se han mantenido al servicio del maximalismo independentista, concediendo a tal causa el aval de aparente legitimidad, de supuesta viabilidad -de normalidad institucional en el Palau- que requería un propósito tan al margen de la ley. Si la Generalitat de todos los catalanes apostaba al límite, aquellos que disentían quedaban desautorizados a ojos de los entusiastas que hasta hace exactamente dos años fueron a más. Ayer se demostró que van a menos, tal como pudo comprobarse también el pasado 11 septiembre, con motivo de la Diada. Entre otras causas porque el Gobierno independentista de la Generalitat ya no representa aval alguno para la causa. Menos cuando, tratando de contener las diferencias entre sus socios, ha acabado desconcertando a muchos de los incondicionales con el episodio de los CDR presos; mientras, la mayoría parlamentaria secesionista intenta acordar una respuesta de mínimos frente a la sentencia del Tribunal Supremo, aun a sabiendas de que su contenido final será fuente de nuevas divergencias. El afán excluyente en que se basa la inercia independentista va perdiendo fuerza, aunque la diatriba partidaria a la que da lugar su paulatino declive no ofrezca una alternativa cierta a una Cataluña quebrada políticamente entre dos bloques irreconciliables -secesionistas y unionistas- que encierran cada uno de ellos un sinfín de intereses encontrados. En septiembre de 2012 el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, se sumó a una ola ascendente por temor a que se le viniera encima. Siete años después el presidente Torra se empeña en revolver las aguas con intención de provocar la marejada definitiva.