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El Gobierno tiene el compromiso ineludible de promover cambios normativos en el mercado de trabajo antes de que finalice el año. Aunque no exista una relación contractual entre la ultimación de la reforma laboral y el acceso a los fondos europeos de recuperación, resultaría poco ... admisible que tras jactarse de ser el primer país en formalizar la solicitud de las ayudas, España se demorase al presentar su nuevo marco laboral. El secretario general de CC OO, Unai Sordo, quiso rebajar ayer las expectativas de un acuerdo a tres bandas –Gobierno, empresarios y sindicatos–, sugiriendo incluso que el decreto final podría no contar con el apoyo de las centrales sindicales. El máximo responsable de UGT, José María Álvarez, se expresó en parecidos términos. Y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, advirtió de que la patronal no se sentirá obligada a suscribir un pacto sin que mejore las condiciones de las empresas y la economía. Son declaraciones tácticas en medio de una negociación a la que los interlocutores están dedicando demasiadas horas de reunión para tan huidizos frutos. Lo que a su vez contribuye a desnortar los esfuerzos. Entre reunión y reunión, sus protagonistas tienden a olvidarse de que el interés común exige tanto mejorar en estabilidad las relaciones laborales como generar condiciones para la creación de empleo.
Los interlocutores del diálogo social deberían relativizar la capacidad que el BOE tiene de transformar una realidad –la de la economía y la de la gestación de puestos de trabajo– que en gran medida discurre independientemente del marco normativo. Tanto que resulta aventurado presuponer qué cláusulas laborales pueden brindar mejores soluciones también en términos de justicia social. La prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa podría dibujar un horizonte tan irreal de expectativas que contradiga el propósito sindical. El regateo sobre los mínimos días de contrato para eludir la eventualidad puede llevar a los interlocutores a encelarse a la búsqueda de un éxito negociador desentendiéndose de sus efectos reales. Tanto Pedro Sánchez como la ministra de Trabajo Yolanda Díaz parecen haberse liberado de la obligación icónica de «derogar la reforma laboral del PP». Ahora les toca aunar voluntades para ofrecer una propuesta de reforma suficientemente flexible y atenta a las necesidades y a las oportunidades reales de un empleo estable y cualificado.
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