Secciones
Servicios
Destacamos
La aprobación definitiva en el Senado de la reforma del Código Penal por la que el Gobierno ha procedido a derogar el delito de sedición y rebajar el de malversación no solo sella una modificación legal llamada a revertir por la vía de los hechos ... políticos, junto a los indultos, la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del 'procés' independentista. La ratificación del paso consumado en apenas un mes por el presidente Sánchez, vía proposición de ley de los grupos del PSOE y Unidas Podemos, y la reprobación con que ha sido replicado por el PP certifican que la quiebra entre los dos grandes partidos del Estado se extiende también a algo tan delicado como la evaluación de la intentona secesionista y a la respuesta al contexto catalán presente y futuro. La fuerte controversia por la atenuación de los ilícitos de sedición y malversación, que llevó al PP a suspender las negociaciones con el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial, ha quedado superada en los últimos días por un choque entre los poderes del Estado que tiene su origen, precisamente, en esta iniciativa parlamentaria; porque de ella han pretendido colgar los socios gubernamentales las enmiendas, frenadas de manera inédita por el Constitucional, para tratar de desbloquear las vacantes en el TC por la vía de reformar las leyes orgánicas del Poder Judicial y de la propia corte de garantías. Que asuntos tan relevantes y a la par tan dispares hayan acabado entremezclados en una atropellada tramitación legislativa, desencadenada por los compromisos de legislatura adquiridos por Sánchez con ERC para «desinflamar» el contencioso catalán, describe una inquietante supeditación de la normalidad democrática a las exigencias particulares del independentismo.
El presidente se afana en subrayar que esta estrategia de «reencuentro» halla justificación en la distensión de la conflictividad en Cataluña, en el orillamiento pragmático por Esquerra de la vía unilateral que fracasó en 2017 y en la fractura inoculada en el ecosistema secesionista. Pero se trata de una interpretación tan benévola como interesada de una realidad en la que Sánchez obvia que fue la aplicación del Estado de Derecho lo que frenó las pretensiones separatistas contra el parecer de la mitad de la sociedad catalana. Y los argumentos esgrimidos en el desmontaje de la condena del Supremo incurren en el dislate de situar en extremos equiparables a ese Estado de Derecho y a quienes vulneraron la legalidad.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.