De las diferentes informaciones que he leído sobre el libro blanco de la reforma fiscal para «favorecer el crecimiento económico», presentado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se concluye que sus dos objetivos –los dos únicos me atrevo a decir– son: aumentar la ... recaudación por impuestos, para que los que pagamos paguemos más, y limitar la autonomía fiscal de las comunidades de régimen común en figuras como Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, estableciendo un límite mínimo para poner fin a la «competencia a la baja» entre territorios, o en la autogestión del 50% del IRPF cedido por el Estado a las autonomías.

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Para el primer propósito se va a actuar sobre tributos que nos gravan a todos, con independencia de nuestros ingresos: carburantes, igualando la tributación del diesel y de la gasolina, e IVA, limitando, e incluso eliminando, los tipos superreducidos, que son los que se aplican sobre los artículos de primera necesidad.

Y sobre el segundo reto, salvo que el contribuyente resida en el País Vasco o en Navarra, que mantienen todas las prerrogativas consagradas por sus regímenes forales, más vale que la empobrecida clase media vaya haciéndose un nuevo agujero en el cinturón porque la recaudación masiva de fondos se logra a través del IRPF (renta) y no por Patrimonio y Sucesiones (riqueza).

Pero, puestos al lío sería muy deseable que el sanedrín que asesora a Montero volviera a reunirse para abordar un asunto que, de momento, no ha tocado: cómo hacer más eficiente el gasto público, no vaya a ser que, además, tengamos que lamentar la devaluación de los términos 'experto' o 'sabio'. Así, si ya han dado con la tecla fiscal para cebar las arcas públicas de régimen común, que indiquen qué gastos inútiles hay que eliminar. La administración autonómica está sobredimensionada y la riojana es un manifiesto ejemplo de ello.

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