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Mucho han discutido los políticos sobre la decisión de los dos diputados en Cortes de UPN –los aportados a 'Navarra Suma', la coalición de constitucionalistas en la región vecina para las últimas elecciones generales– de saltarse la disciplina de su partido y votar en contra ... de la reforma laboral. Allí donde algunos han visto «dignidad» –aunque hay que subrayar que renunciaron a subir a la tribuna de oradores para explicar el sentido de su voto negativo– otros han visto «indecencia», ya que parece que este país olvida a menudo que, aunque el acta de diputado es personal, quien de verdad mangonea al parlamentario es su formación política.
Bien. Pues este miércoles se presentó el argumentario que La Rioja defenderá ante el Gobierno central para que, de una vez, la compense como mandata nuestro Estatuto de Autonomía por los agravios padecidos como consecuencia de los excesos fiscales forales. En la rueda de prensa solo se destacó entre los antecedentes de hecho uno de los dos blindajes pactados por el Estado con el País Vasco (si se consulta el dictamen sí aparece el segundo, obviamente): el de la 'paz fiscal' de 2000 (Gobierno de Aznar), por el que el Estado renunció a la vía judicial. Una «humillación» para La Rioja, le reprochó la oposición al Ejecutivo regional del PP, que a pesar del armisticio entre el Estado y el País Vasco, siguió litigando en los tribunales.
El segundo blindaje llegó en 2009 y, como con acierto señala el documento de la UR, «en el marco de una negociación para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado», del Gobierno de Rodríguez Zapatero, añado yo. Y ese acuerdo sí que derivó en una coraza infranqueable, pues privó a La Rioja de acción ante la Justicia ordinaria. ¿Recuerda el lector cómo actuaron los parlamentarios socialistas riojanos? ¿Presionaron el botón que se les ordenó o votaron para lo que los ciudadanos les auparon al Congreso?
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