Prudencia en Trabajo

El Consejo de Ministros del martes abordó una propuesta de reforma, auspiciada por la vicepresidenta tercera y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, para reducir el exceso de temporalidad en los contratos laborales, que se aproximaría a un 25% en España. Propuesta que ayer el Gobierno sometió a la consideración de los actores del diálogo social. La persistencia de un altísimo porcentaje de horas y puestos de trabajo que se realizan y cubren temporalmente es un problema en sí mismo, en tanto que sume a muchos empleados en una precariedad que afecta a sus ingresos, a su estabilidad y a su crecimiento profesional. Pero es también el síntoma que muestra la existencia de un tejido productivo endeble en demasiados casos. Aspecto este último que se revela también en la sujeción de muchos empleos al Salario Mínimo Interprofesional, como ha recordado el Banco de España. La Comisión Europea y otras instancias internacionales –el FMI, la OCDE– llevan tiempo mostrando su preocupación por el peso de la temporalidad en nuestras relaciones laborales. Pero al hacerlo, y frente a la interpretación unívoca que la ministra Díaz ofrece de las exigencias de la UE, no solo señalan la eventual existencia de situaciones de injusticia social a cuenta de la contratación temporal, sino que advierten de las debilidades que muestra la economía española. Díaz parece decidida a promover modificaciones legales que ciñan la causa de un contrato temporal al incremento ocasional e imprevisible de la actividad de la empresa, limite el plazo máximo de su vigencia a seis meses o a un año si así se contempla en el convenio sectorial, y acabe con la concatenación de contratos haciendo fijo al empleado que haya trabajado 24 meses en un período de 30. Sería exagerado suponer que ese 25% de contratos temporales que distingue a España responda en su totalidad a un uso abusivo de la legislación laboral actual, dando por sentado que todos esos empleadores estarían en condiciones de prescindir de la temporalidad. Díaz ha declarado que «una empresa con trabajos precarios es una empresa precaria, y no podemos continuar así». Pero sería temerario pretender el fortalecimiento del tejido productivo mediante cambios normativos en materia laboral, cuyos efectos reales podrían ser muy distintos al objetivo enunciado. El Gobierno debería renunciar expresamente a promulgar una reforma que persiga reducir la temporalidad si no cuenta con la anuencia de las organizaciones empresariales.