Protección y reactivación

La prolongación de los ERTE, generalizados frente a la pandemia, era un imperativo que contaba con la seguridad de que el Gobierno dictaría su prórroga hasta el 30 de septiembre, pero que precisaba la actualización de sus condiciones en el marco del diálogo social. El acuerdo alcanzado en la tarde del miércoles, que un Consejo de Ministros extraordinario hizo suyo ayer, permitirá mantener la estructura laboral de las empresas que continúan enfrentándose a dificultades derivadas de las restricciones de movilidad y actividad social y de la contracción del mercado a causa de la crisis global desatada por el COVID. Aunque introduce una señal, la incentivación de los puestos de trabajo que prescindan del ERTE, que advierte de la necesidad de que el tejido productivo vaya recuperando la normalidad a medida que lo hagan la movilidad internacional y los horarios hosteleros. El mantenimiento con algunas modificaciones de los cuatro tipos de ayudas extraordinarias a las que los autónomos podrán recurrir durante los próximos meses completa el cuadro que permitirá la continuación de la actividad en unos casos y garantizará ingresos mínimos a los profesionales que han venido trabajando por cuenta propia que puedan acogerse a tal protección. Las medidas de exoneración aprobadas ayer se dirigen, como hasta ahora, a apoyar especialmente el futuro de las pymes. Es probable que los efectos del virus continúen lastrando el funcionamiento razonable de algunas compañías y negocios más allá del verano. No será fácil que, aunque la paulatina reactivación económica haya devuelto a su situación laboral previa al 85% de los trabajadores acogidos a ese mecanismo excepcional, la recuperación en ciernes gracias sobre todo a la vacunación reabsorba en cuatro meses los 550.000 empleos que todavía están sujetos a un ERTE. Por ello tampoco cabría descartar una última prórroga, aunque sea parcial, para cerrar el año. La quinta negociación sobre los ERTE desde el inicio de la pandemia ha acabado en un acuerdo de mínimos en el último momento. El pacto constituye una saludable muestra de responsabilidad de los interlocutores implicados y contrasta con la ausencia de consensos parlamentarios relevantes en ese periodo. Pero no es bueno que el diálogo entre el Gobierno, las organizaciones empresariales y los sindicatos se habitúe a apurar los tiempos cuando tienen ante sí una agenda de fondo sobre las reformas pendientes.