El Congreso dejó ayer lista para ser aprobada en pleno la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia con la que se pretende frenar el maltrato, el acoso escolar, la extorsión digital y los abusos sexuales o ... violaciones de los menores. El proyecto de ley aborda una atención integral del menor, similar a la que reciben las mujeres víctimas de violencia de género, prima la prevención y busca evitar la victimización secundaria de los perjudicados. De la larga lista de medidas destaca la extensión del tiempo de prescripción de los abusos o violaciones cometidos contra los menores, que empezará a contar cuando estos hayan cumplido 30 años y no 18 como ahora. Hay que tener en cuenta que la mitad de los que denuncian un abuso infantil tardan al menos veinte años en hacerlo, por lo que el delito denunciado ha prescrito. La norma es necesaria y, como con la ley de violencia de género, hay que acabar con la capa de silencio que en muchos casos oculta situaciones de violencia contra los menores, sobre todo en el ámbito familiar. No obstante, el verdadero éxito de la regulación será que sirva de forma eficaz para evitar que se cometan los abusos a menores.
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