Profesionales

A partir del 1 de julio, muchos de los diputados con un acta del Parlamento de La Rioja parecerán los mismos, pero en realidad serán mejores. Tendrán el estatus de profesionales y un sueldo público a cargo directamente de la institución que el PSOE e ... IU han acordado que sea de 50.549 euros si eligen tener dedicación exclusiva, o casi 37.912 en caso de compatibilizar el escaño con otro trabajo. Y ello, sin perjuicio de la indemnización que seguirán percibiendo en función de su labor en la Cámara y que va de los 15.165 a los 7.863 euros al año, más asesores y, por supuesto, la paga a los portavoces –56.165 euros– que ya regía vía subvención a los grupos. El paso ratificado por la mayoría progresista de la Mesa culmina un afán que ha enfrentado largamente a los dos partidos mayoritarios, y llega empaquetado en un discurso de equiparación con el resto de asambleas y mejora de la calidad democrática que le inmuniza ante cualquier juicio. Sin embargo, una medida tan transcendente y que incumbe a toda la ciudadanía merecería, al menos, un debate abierto que respondiera a algunas preguntas. ¿Por qué una nómina de 50.549 euros y no superior? ¿A qué obedece prever una dedicación parcial cuando un argumento para la profesionalización era que sus señorías no podían volcarse a tiempo completo en sus tareas del hemiciclo? ¿Qué opinan Cs –el partido de la regeneración sin privilegios –y Podemos –el que solo permitía un máximo de tres SMI a sus cargos– al respecto? Y sobre todo, ¿cómo la gente de la calle podrá fiscalizar si sus representes en el Parlamento merecen el dinero que se han concedido?