Proclama demencial

El manifiesto suscrito por once partidos soberanistas de Cataluña, Euskadi, Comunidad Valenciana, Baleares y Galicia contra la sentencia del 'procés' reivindica el referéndum del 1 de octubre de 2017 para advertir de «la grave restricción» que el fallo del Supremo «imprimirá de ahora en adelante». ... Su denuncia de «determinados ambientes políticos, judiciales, económicos, policiales y mediáticos (...) que han impedido (...) que España se transforme en un Estado plenamente democrático» incide en la descripción de un sistema autoritario con el «nulo reconocimiento de la plurinacionalidad, la nula separación de poderes y la amenaza continua a la suspensión de la autonomía». Con excepción de la izquierda abertzale y de la CUP, nunca antes formaciones nacionalistas con representación institucional habían redactado un documento conjunto o por separado tan inadmisible por su exacerbada descalificación de la democracia española. En un intento dirigido por el independentismo catalán a verse arropado tras los injustificables episodios de violencia callejera, en el empeño compartido por los firmantes para activar a sus seguidores más convencidos y en su propósito de inducir dudas en la opinión pública internacional sobre la homologación de nuestro sistema de libertades. El PNV y Compromís se negaron a firmar o participar en la redacción de un manifiesto que, en palabras de los jeltzales, dista de ser constructivo y oportuno a puertas de las elecciones generales. Pero es lógico pensar que su discrepancia de fondo va mucho más allá porque resulta imposible entender cómo JxCat y ERC, después de promover tan demencial libelo, continúan al frente de las instituciones de la Generalitat, que no dejan de ser emanación del «régimen del 78». A tenor de la literalidad del manifiesto, debieran abandonar el poder territorial aunque fuese, para empezar, mediante la urgente convocatoria de elecciones autonómicas. Está fuera de toda razón política abogar, como lo han hecho el presidente Torra y el vicepresidente Aragonés, por un «diálogo sin condiciones» con el Gobierno central mientras redactaban un manifiesto que echa por tierra la legitimidad y la calidad democrática del Estado constitucional y autonómico. El documento da a entender así que solo la ruptura podría saciar las aspiraciones de independencia y verdadera libertad que encarnarían quienes -JxCat, ERC y CUP- tratan, en realidad, de disimular su incapacidad para administrar los intereses comunes de los catalanes.